La Defensoría del Pueblo se reunió con expertos de la sociedad civil, académicos, profesionales, exportadores, gobiernos regionales y representantes indígenas para analizar los impactos de los Decretos Legislativos 1090 y 1064 emitidos por el Poder Ejecutivo en junio pasado en el marco del paquete de adecuación al TLC. Esta reunión ha sido convocada por la misma Defensoría, luego de haber recibido pedidos de la sociedad civil y el Congreso de la República para que exprese su opinión técnica y legal respecto de los decretos en mención.
Trascendió que a la reunión se ha invitado a representantes del Colectivo Forestal, Proterra, Dar, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la Universidad Agraria La Molina, el Colegio de Ingenieros, el Instituto del Bien Común, la Asociación de Exportadores, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y el Gobierno Regional de Junín.
Congreso pide opinión de Defensoría y prepara Ley Alternativa
El lunes 8 de setiembre, el Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Róger Nájar, alcanzó un oficio a la Defensora Beatriz Merino manifestando su preocupación por haber recibido pronunciamientos de la sociedad civil, la universidades con facultades forestales, el Capítulo de Ingeniería Forestal del Colegio de Ingenieros y los Obispos de los pueblos de la Selva reportando “serios problemas de fondo y forma del Decreto Legislativo 1090 que no estarían contribuyendo a mejorar la sostenibilidad y la competitividad del sector forestal y que por el contrario podría ocasionar serios conflictos sociales de no considerarse el tema con la seriedad del caso.”
El congresista Nájar anunció que su comisión está convocando a una Audiencia Pública para el martes 16 de setiembre para analizar el DL 1090 y preparar propuesta alternativa, y comentó que actualmente en el Congreso ya existe un Proyecto de Ley para la derogatoria del DL 1090 – presentado por la congresista María Cleofé Sumire – y otro Proyecto de Ley para modificarlo – presentado por la congresista Yaneth Cajahuanca.
Sociedad Civil presentó Acción de Queja contra DL 1090
La semana anterior, el Defensor Adjunto para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, doctor Vito Verna Coronado, recibió una Acción de Queja de representantes de la sociedad civil preocupados por los impactos negativos que la implementación del Decreto Legislativo 1090 traería tanto al sector forestal como al país en general. Miembros de la Universidad Nacional Agraria, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Foro Ecológico, el Proyecto Gobernabilidad y Transparencia Forestal, Gestión Ambiental y Desarrollo Humano Sostenible y la Coordinadora de Facultades Forestales del Perú sostuvieron que la norma es inconstitucional y debe ser derogada, y pidieron a la Defensoría que se pronuncie sobre el tema y presente la acción respectiva ante el Tribunal Constitucional.
El Presidente del Foro Ecológico del Perú y Secretario Técnico del Colectivo Forestal, Sandro Chávez Vásquez, manifestó preocupación por la falta de participación ciudadana en la elaboración de la ley, y llamó la atención sobre los riesgos que ella implica para la implementación del TLC con Estados Unidos. El DL 1090 – explicó – aleja al país del TLC porque entra en conflicto con los requisitos exigidos por el Congreso norteamericano para que el Perú solucione el problema de la tala ilegal y garantice la participación ciudadana en la gestión forestal, entre otros aspectos. Chávez comentó que el Gobierno ha propuesto solucionar estos problemas a través de un reglamento, pero sostuvo que esa no es una respuesta adecuada ya que un reglamento no puede ir en contra del espíritu de su ley.
Braulio Buendía, del Proyecto Gobernabilidad y Transparencia Forestal, alertó sobre los posible impactos negativos que la figura de “cambio de uso” que prevé la ley – y que podría significar la tala de bosques para dedicar el terreno a otros fines – traería para las comunidades indígenas. Esto, insistió, podría además traducirse en agudos conflictos sociales.
Desde el punto de vista técnico, el decano de la facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria, ingeniero Milo Bozovich, alertó sobre los riesgos de la definión confusa que hace el DL 1090 de los productos forestales – dejando fuera de la regulación a una importante parte del sector – y sobre la nueva figura de “iniciativa privada” para acceder a tierras forestales a través de mecanismos por fuera del sistema de concesiones, sin concurso público y sin límites, generando suspicacias por la falta de transparencia.
El Presidente del Capítulo de Ingeniería Forestal del Colegio de Ingenieros de Lima, ingeniero Carlos Rincón, señaló que en reuniones de discusión al interior del Colegio han decidido rechazar el DL 1090 por considerarlo inconstitucional y carente de mecanismos transparentes.
Defensoría evalúa si Decretos vulneran derechos de los ciudadanos
El doctor Verna explicó que, con base en la Acción de Queja y los insumos recogidos de la reunión de la semana pasada con la sociedad civil, la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente profundizará su investigación y realizará un análisis para evaluar si es que el DL 1090 está o no vulnerando los derechos de los ciudadanos. De encontrar que el DL 1090 vulnera los derechos de los ciudadanos – explicó Verna – la Adjuntía elaborará un informe a la Alta Dirección para a partir de ahí determinar un plan de acción. La reunión convocada para hoy viernes sería parte del trabajo de análisis y evaluación de la Defensoría sobre este tema.