El Poder Ejecutivo se compromete a presentar al Congreso antes del 18 de junio un proyecto de ley planteando la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064.

Luego de una reunión de cuatro horas entre Simon y los “apus” de 390 comunidades indígenas, en la localidad de San Ramón, también acordaron que los decretos cuestionados restantes se discutirán en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, que se instalará mañana.

Para ello viajarán a Lima los representantes de las comunidades nativas de la selva central, a fin de incorporarse al trabajo de la comisión multisectorial, garantizando la participación de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de otros grupos nativos.

Asimismo, señala el acta, el Ejecutivo propone que el grupo de trabajo asuma también una agenda conjunta con los pueblos nativos, para impedir la depredación de la Amazonía.

Además, se encarga al mencionado grupo de trabajo estudiar los mecanismos de consulta, a fin de garantizar una labor concertada.

También, se establece que las comunidades nativas levantarán el bloqueo de la carretera La Merced-La Oroya-Lima por un lapso de cuatro horas, medida que mantendrán hasta que se deroguen los decretos legislativos.

Se precisó que el estado de emergencia en Amazonas se levantará cuando se desbloquee, en forma definitiva, la carretera Fernando Belaunde; y se acordó expresar la solidaridad y asumir la atención de los heridos por los sucesos de violencia ocurridos en Bagua, entre otros acuerdos.

Los pueblos indígenas tienen derechos sobre los territorios que ocupan aunque no estén demarcados y titulados. Así lo sostiene el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú que, refiriéndose a los pueblos indígenas, dice: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Es, pues, urgente avanzar para concluir el proceso de demarcación de los territorios indígenas. La otorgamiento de derechos a terceros sin tener los territorios indígenas debidamente saneados es y será una permanente fuente de conflictos en la Amazonía. Preocupa por ello que el 25 de mayo pasado el Ministerio del Ambiente (Minam) publicara un comunicado en el que deslegitimó los reclamos de los pueblos indígenas y de paso desinformó sobre la extensión de los bosques de la Amazonía. Decía el comunicado que el Estado garantiza la protección de al menos 55 millones de hectáreas de bosques amazónicos cuando estos se extienden realmente sobre 67 millones de hectáreas.

Según datos del Mapa de Deforestación de la Amazonía 2000 (Inrena/Conam, aún sin publicar), el área neta de bosques amazónicos existente antes del proceso de colonización y deforestación era de 77 millones de hectáreas. Entendemos que no hay un estudio equivalente posterior a este. Si restamos 10 millones ya deforestadas —según señala el Minam—, tenemos una superficie de 67 millones de hectáreas de bosques en pie y no de 63 millones como afirma erróneamente ese comunicado.

El Ministerio del Ambiente solo reconoce el otorgamiento de 11 millones de hectáreas a los pueblos indígenas cuando en realidad son más de 13 millones ya demarcadas y distribuidas así: más de 10,5 para 1.232 comunidades tituladas y 2,8 para reservas territoriales para la sobrevivencia de indígenas en aislamiento, esto de acuerdo con las cifras registradas por el Sistema de Información de Comunidades Nativas del Instituto del Bien Común (Sicna).

Además el Sicna registra 277 comunidades por titular, en aproximadamente 2,37 millones de hectáreas. Hay seis solicitudes de reservas para indígenas en aislamiento con un requerimiento cercano a los 4 millones de hectáreas y desde hace varias décadas existen diversas solicitudes de ampliación de comunidades, aún no atendidas.

Así tenemos una engañosa presentación de las cifras que se suma a la potestad del Minam para cambiar el uso de tierras de aptitud forestal a agrícolas. En su comunicado, el ministerio señala que el D.L. 1090 (o “ley de la selva”) prohíbe el cambio de uso de la tierra de aptitud forestal a aptitud agrícola, contradiciéndose inmediatamente al afirmar que tal cambio puede realizarse —por el propio Minam— en “casos de proyectos de interés nacional”. ¿El cambio de uso abarcará también los 12 millones de hectáreas de bosques no mencionadas? ¿Se entregarán a grandes empresas fomentando la concentración de la propiedad y la deforestación? ¿Qué garantía da el Estado de que no cambiará de uso en los 55 millones de hectáreas de bosques que ofrece proteger, cuando los decretos legislativos que se le pide y niega derogar lo facultan declarar eriazos bosques demarcados a favor de comunidades y cambiarles de uso “en caso de proyectos de interés nacional”?

Es la ideología del perro del hortelano del presidente de la República expresada en estos decretos la que incentiva la protesta de los pueblos indígenas. Es él mismo quien debería recomendar agilizar su derogatoria para solucionar la protesta indígena e iniciar un proceso que respete la consulta, los derechos indígenas y la transparencia en las cifras y planes del Gobierno para la Amazonía.

Noviembre de 2007: García publica en el “prestigioso” diario “El Comercio” sus tan inteligentes artículos “El perro del hortelano” y “el perro del hortelano reloaded”, donde nuestro supremo presidente dice:”El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante. En ella, se puede hacer forestación maderera especialmente en los 8 millones de hectáreas destruidas, pero para eso se necesita propiedad, es decir un terreno seguro sobre 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología.

Ahora solo existen las concesiones que dependen de la voluntad del Gobierno y del funcionario que puede modificarlas. Por eso nadie invierte ni crea un puesto de trabajo por cada dos hectáreas como debería ser; ni hay elaboración de la madera y exportación de muebles. En su mayoría, esas concesiones rapiña solo han servido para sacar la madera más fina, deforestar y abandonar el terreno. Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo plazo desde la siembra hasta la cosecha años después.

Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano”.

¿Alguna mención a los pueblos indígenas? No way, seguimos en la época del caucho al parecer….

12 de diciembre de 2007: García pide al Congreso facultades para legislar (sacar decretos legislativos) temas referentes a la implementación del TLC; ojo, según la Constitución, cuando se piden facultades para legislar, estas son específicas, y solo se puede legislar sobre la materia que se ha establecido, en este caso el TLC.

19 de diciembre de 2007: El Congreso, como siempre tan raudo y eficiente, le da las facultades, artículo 2: el contenido de estos decretos se limitará a lo concerniente al TLC. Las facultades son por seis meses.

28 de junio de 2008: O sea un poquitito antes que acabe el plazo para legislar, saca una cantidad de Decretos Legislativos, algunos regulaban hasta el tema de universidades, definitivamente mucho que ver con el TLC…

Septiembre y agosto 2008: empiezan las paralizaciones de los pueblos indígenas, en contra de estos decretos.

Agosto 2008: Paralización de los pueblos indígenas (AIDESEP agrupa a 1.350 comunidades nativas): el Congreso derogó el DL 1015 (la “Ley de la selva”, que permitía comprar, con el acuerdo de tres personas, toda la propiedad de la comunidad. También la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra este DL, porque era ¡faltozaso!) y el DL 1073. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, dice que conformará una comisión para evaluar los decretos legislativos.

Diciembre 2008: La comisión del Congreso presentó su informe, pero Velásquez Quesquén dice que lo presentará el 1 de febrero, ya que los congresistas estaban de vacaciones.

1 de febrero de 2009: Llegó el día del plazo, Velásquez Quesquén no dijo esta boca es mía.

12 de marzo de 2009: AIDESEP envía cartas a Velásquez Quesquén y al premier Yehude Simon recordándole cual había sido su compromiso.

9 de abril de 2009: No hay respuesta alguna de las autoridades (¡ya pasó un mes de las cartas!, ¡ya pasaron 3 meses de que Velásquez Quesquén se comprometió a presentar el informe!). Los líderes (ojo, no solo Alberto Pizango de AIDESEP, cada comunidad tiene un jefe que lo representa) acuerdan iniciar la paralización, pero las restringen al interior de sus comunidades.

18 de abril de 2009: En vista que nadie les hace caso -en una entrevista, Simon calificó sus demandas como caprichos, frente a un permisivo (por no poner otro adjetivo) Jaime de Althaus- los indígenas deciden radicalizar la protesta.

20 de abril de 2009: Reunión en la PCM. Simon se comprometió con AIDESEP a formar una comisión multisectorial (Poder Ejecutivo y AIDESEP), pero ante la prensa Simon dice que firmará la resolución para esa comisión multisectorial cuando se levante el paro.

24 de abril de 2009: Velásquez Quesquén dice que presentará el informe de la comisión multipartidaria (ese que debía poner a debate el 1 de febrero, porque en enero los congresistas estuvieron de vacaciones), pero… pero… pero antes debía ser aprobado por la junta de portavoces… la junta de portavoces no aprobó su pase a pleno.

El presidente Alan García, ni hablaba del tema, pero se reunió con el dueño de la empresa petrolera Perenco, concesonaria de un lote en la región Loreto que estaba bloqueado por los indígenas.

Última semana de abril: Tarapoto y Yurimaguas se unen al paro.

4 de mayo de 2009: Con apoyo de la Marina de Guerra, dos barcos lograron atravesar el bloqueo del lote de la empresa Perenco, después de disparar contra los indígenas.

9 de mayo de 2009: el gobierno declara en emergencia distritos amazónicos de 5 regiones del Perú.

Estado de emergencia: en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación… (eso dice la Constitución, bien clarito, que afecte la vida de la nación).

11-13 de mayo de 2009: Pizango se reúne con Simon, no llegan a ningún acuerdo. Simon dice que Pizango le habla a él en castellano, pero por teléfono, se dirige a “los nativos” en su “dialecto” (¿no sabe un primer ministro la diferencia entre dialecto e idioma?, ¿porque Aldito Marátegui no se queja de eso?)

15 de mayo: Pizango apela al derecho a la insurgencia.

16 de mayo: Alan García dice: “la selva es de todos los peruanos y no sólo de un grupo” (¿no sabe acaso lo que implica el derecho a la propiedad y a la posesión?, ¿no sabe que muchos pueblos tienen títulos de propiedad desde los 70?… ah, verdad, a él lo botaron de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Le recordamos lo que el Código Civil dice sobre el derecho a la propiedad: “es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley”.

Ese mismo día los dirigentes se reúnen con la Defensoría del Pueblo y anuncian que la protesta será dentro del Estado de Derecho.

19 de mayo de 2009: el D.L. 1090 (ley forestal y de fauna silvestre) es declarado inconstitucional por la comisión del Congreso, su derogatoria entonces ahora tendría que ser debatida (ojo, no solo votada) por el pleno del Congreso.

22 de mayo de 2009: la tía Charo (Rosario Fernández) denuncia a Pizango por rebelión, sedición y conspiración y dice: “Hemos escuchado los argumentos del señor Pizango y no parecen de un nativo desprevenido”.

4 de junio de 2009: Al caballazo suspendieron el debate de la derogatoria. Mauricio Mulder interpuso una cuestión previa pa suspender el debate y la votación sobre esa ley hasta que la comisión multisectorial (si, la misma de Simon con los indígenas, que desde el 13 de mayo está entrampada), remita un informe sobre los decretos cuestionados.

Ese mismo día la Defensoría del Pueblo presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el TC: el DL 1064 vulnera los derechos constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta previa de los pueblos indígenas.

5 de junio de 2009: 369 “efectivos” de la DINOES (Dirección Nacional de Operativos Especiales) completamente armados, más personal de las Fuerzas Armadas (también súper armados), van a levantar la protesta, teniendo como consecuencia: 23 policías y más de 150 indígenas muertos. Sale el jefe de la Policía a decir que como “los nativos están usando armas” y que eso demuestra la “infiltración”. Conclusión de su racionamiento (incluido el de la tía Charo): como son indígenas, no pueden usar armas (su cerebro no se los da para tanto) y deben ser desprevenidos…

Según Gregor McLennan, enviado por Amazon Watch a Bagua, centro de las protestas, “numerosos testigos oculares” le han confirmado que fuerzas especiales de la Policía se deshacen de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los queman para impedir su identificación.

El Gobierno peruano ha negado tajantemente que la Policía haya arrojado cadáveres a los ríos y ninguna en Bagua ha podido corroborar esas denuncias, aunque los rumores son intensos en ese sentido.

Asimismo, Elbert Bazán, jefe de la división médica en Utcubamba, encargada de proceder al levantamiento de cadáveres, dijo haber escuchado esos rumores y confirmó que su personal también ha participado en la búsqueda de cuerpos en los ríos, pero no ha encontrado ninguno.

Además, una misión encabezada por la Defensoría del Pueblo se acercó a las inmediaciones de El Reposo para inspeccionar un lugar donde ciertas fuentes aseguraron que había “entre doce y quince cadáveres”, pero al llegar al lugar comprobaron que era una falsa alarma.

Los enfrentamientos del pasado viernes dejaron un saldo de 24 policías muertos y un número indeterminado de nativos: el Gobierno dice que son solamente nueve, pero la principal organización indígena, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), los cifra “entre 30 y 40″.

En su comunicado, Amazon Watch acusa además a la Policía de haber disparado indiscriminadamente a los indígenas desde un helicóptero, versión también negada por el Gobierno, que asegura que desde la aeronave solo se lanzaron gases lacrimógenos.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) emitió también un comunicado en el que muestra su “profunda preocupación” por la situación en la Amazonía peruana y recuerda que corresponde al Estado hacer “un uso proporcional de la fuerza”.

“El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó Nuria García, investigadora para Perú de AI, sin hacerse eco de ninguna denuncia concreta.

El comunicado de AI insta también a las autoridades a que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencias policiales y militares, y a garantizar el derecho de todos los arrestados a la vida, a la integridad física y a la defensa. AI también hace un llamado a las organizaciones indígenas “para que envíen una clara señal a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables”, en alusión al secuestro y asesinato a sangre fría de nueve policías en una estación petrolera

We, the undersigned organizations, condemn the violence against peaceful indigenous protesters and police in Peru that has already resulted in at least 30 deaths.
We call on both the Government of Peru and the Interethnic Association for the Development of the Peruvian Amazon (AIDESEP) to engage in a good faith dialogue to prevent further escalation. We urge the international community to send a clear message to Peru that military repression is not an acceptable form of conflict resolution.
The current violent human rights crisis is a vivid illustration of the consequences of a systematic failure in the basic governance processes related to consultation, land tenure and access to resources.
The indigenous mobilization that ended in violence on Friday began in April as a reaction to a series of laws promulgated by President Alan Garcia’s government over the past year. The laws contain provisions that indigenous organizations believe threaten their fundamental rights to access and decision-making over their forests, resources and territories. They were written and passed into law without any formal or informal consultation with indigenous peoples, in violation of Peru’s obligations under ILO 169.
This is the second time in less than a year that Peru’s indigenous peoples in the Amazon have resorted to organizing massive and prolonged blockades of roads, rivers and extractive industry infrastructure, as their increasingly frequent calls for consultation and dialogue have gone unheard in Lima.
The tragic unfolding incident illustrates how ignoring peoples’ rights and meaningful participation in processes that affect their lands and livelihoods can lead to serious social conflict and failed policies. As the world’s climate negotiators gather in Bonn, we must heed these lessons and guarantee that indigenous peoples’ rights are considered an integral part of any final agreement to save forests and the climate.

Amazon Alliance
Asian Indigenous Women’s Network (AIWN).
COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica)
Consumers Association of Penang, Malaysia
Ecologistas en Acción, Spain
Ecological Society of the Philippines
Environmental Investigation Agency, US & UK
FERN
Friends of the Earth International
Global Exchange, United States
Global Social Justice, Belgium
Global Witness, UK
Greenpeace International
Humane Society International, Australia
Indigenous Environmental Network (IEN)
International Accountability Project, US
International Youth Caucus, Bonn
North East Peoples Alliance on Trade, Finance and Development, India
Rainforest Action Network, United States
Rainforest Foundation UK
Salva le Foreste, Italy
Sierra Club, United States
Sustainability Watch Network, Central America
Tebtebba (Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education)
Terra!, Italy
Third World Network
Wetlands International, Netherlands
World Rainforest Movement, Uruguay
The Wilderness Society, Australia

Santiago Manuin, presidente Indígena de Lucha de Condorcanqui. Obtuvo premio Reina Sofía por su labor en defensa de la Amazonía.

Era uno de los históricos dirigentes de las comunidades Aguaruna-Huambisa de la provincia de Condorcanqui. Santiago Manuin Valera fue herido de bala mortalmente durante uno de los enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad de Bagua. Fue conducido a un nosocomio donde los médicos no pudieron hacer nada para mantenerlo con vida.

El histórico dirigente nativo recibió un premio Reina Sofía por su labor en defensa de la naturaleza y derechos humanos.