Hace unos días estuve dando una charla en una asamblea de dirigentes de federaciones indígenas de Loreto asociadas a ORPIO - AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana). Comentando sobre los impactos de la actividad petrolera en los pueblos indígenas, rememoré una triste historia que me tocó vivir en el alto Río Tigre allá a principios de los 90, que resumo a continuación.

Visitaba yo por aquellos días las comunidades del alto Tigre, y cuando llegué a la comunidad nativa de Vista Alegre los moradores insistieron en que visitase el cementerio. Cuando llegué se ofreció a mi vista un espectáculo que nunca podré olvidar: dos filas de diminutas cruces elaboradas de forma rústica y pintadas de blanco no dejaban dudas de lo que la gente tanto insistía que viese.

Me explicaron apesadumbrados, las madres sin poder contener el llanto, que en menos de dos años habían muerto 21 niños y un adulto, todos con los mismos síntomas: lo llamaban “vómito negro”, y según ellos, era provocado por algún brujo malvado que quería acabar con la comunidad por venganza o envidia.

Según me explicaron, los niños morían con el vientre hinchado y vomitando el hígado a pedazos. Querían que yo bendijese el cementerio y el pueblo para alejar al mal. Para una pequeña comunidad como la de Vista Alegre, esa mortandad significó la pérdida de casi toda una generación.

Cuando investigué sobre estos síntomas con un doctor, me dijo que había dos posibilidades: o fiebre amarilla (que descartamos por no existir evidencia de una epidemia de tal enfermedad en la región) o hepatitis.
Lo extraño es que esta mortandad no había ocurrido en ninguna otra de las comunidades del Tigre, donde la heptatitis B era y es endémica, aunque en general asintomática, al menos en niños. El doctor me explicó que cuando la hepatitis B asintomática se complicaba con una intoxicación grave o con abuso de alcohol, se producía un efecto sinérgico que conducía a una cirrosis tóxica fulminante. Era obvio que en niños el abuso de alcohol estaba totalmente descartado, luego quedaba como sospechosa la intoxicación con algún tipo de contaminante.
Esta última hipótesis fue corroborada cuando hice algunas averiguaciones: unos análisis de agua del río Tigre realizados por el IIAP que cayeron en mis manos demostraban los altísimos niveles de metales pesados, fruto sin duda de la contaminación petrolera. Luego averigüé que la población de Vista Alegre se proveía de pescado de la Tipishca Montano, aguas arriba de la comunidad, en la que, qué casualidad, desembocaba una quebrada en cuya cabecera había un pozo petrolero operado por la Occidental Petroleum Corp. (más conocida como OXY).
Estudios posteriores realizados por expertos, luego de una serie de denuncias realizadas por dirigentes indígenas del Tigre a través de un artículo publicado en la revista Medio Ambiente de Lima, demostraron que la contaminación del agua y, por tanto, del pescado (que tiene la capacidad de acumular en sus tejidos los metales pesados) eran la más probable causa de la masacre.
En aquellos tiempos el Estado peruano era sumamente complaciente con la contaminación petrolera y casi nadie hablaba del tema, de modo que las compañías operando en esa zona no tenían prácticamente restricción alguna para arrojar petróleo, aguas de formación y químicos varios al río.
Cuando acabé de contar esta historia en la reunión de AIDESEP-ORPIO, uno de los dirigentes indígenas, Pepe Fachín, que estaba sentado en la última fila, se levantó y pidió la palabra: “Hermano”, dijo. “Yo soy uno de los sobrevivientes de Vista Alegre, de las muertes que tú estás contando. Mi papá, José Fachín, tuvo once hijos, y todos murieron en ese año, excepto yo y mi hermana Rosa.” El joven dirigente explicó que después de mi visita, la comunidad siguió mis consejos de no consumir el pescado de la Tipischca Montano ni tomar el agua del río, sino de las quebradas, y no volvió a morir ningún niño de esa enfermedad.
Unos días más tarde, en Pucallpa, tuve la oportunidad de participar en una reunión sobre el problema de los indígenas en aislamiento voluntario en las regiones de Loreto y Ucayali. Allí me encontré con un viejo amigo del río Tigre, Beltrán Sandi Tuytuy, también originario de Vista Alegre; él es ahora dirigente de la Federación de Comunidades Indígenas del Río Curaray, donde AIDESEP ha propuesto la creación de una reserva indígena para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario -cuya existencia el Gobierno se obstina en negar, por cierto-.
Cuando le comenté el incidente con Pepe Fachín en la reunión de Iquitos, me explicó que él también había huido de la comunidad por ese motivo, pues dos de sus tres hermanos habían muerto también de la fatal enfermedad, cuando eran adolescentes. Entonces me vino a la memoria, luego de tantos años, el recuerdo de sus dos hermanos muertos, que conocí en los 90 en el internado de Intuto (capital del distrito del Tigre) y con los que mantuve una estrecha amistad durante mis años allí, dada su afición (compartida conmigo) por la selva en general y por las aves en particular.
Estos dos hermanos no están contabilizados entre los niños muertos en el mismo pueblo citados arriba, pues murieron más tarde por hepatitis cirrótica (complicación de hepatitis B con cirrosis tóxica). ¿Cuántos más como ellos habrán ido muriendo en los ríos Tigre y Corrientes a lo largo de estos años por causas similares, con origen mediato o inmediato en la criminal práctica de arrojar al río todos los desperdicios de las operaciones petroleras?
Emilio y Guillermo Sandi Tuytuy, amigos con los que disfruté horas tan gratas por las selvas del río Tigre buscando aves, descansen en paz, y con ustedes los 21 niños indígenas que murieron en la flor de la vida a causa de la ambición humana sin límites, la negligencia, el racismo, y la corrupción. Sé que si en vez de ustedes hubiesen muerto no 21, sino siquiera dos o tres hijos de alguna familia blanca de un barrio elegante de Lima se habría producido un escándalo internacional, y se habría remediado el problema de la contaminación petrolera en el Tigre y el Corrientes muchos años antes… Pero los indígenas tienen que morir por docenas, para que la prensa siquiera les dedique una escueta nota en la página de sucesos…
Y a quienes tenían en ese tiempo a su cargo -y no las ejercieron- las responsabilidades del Estado para dictar las normas de control y supervisar las actividades petroleras, y a quienes regían las políticas en la compañía petrolera y buscaron maximizar los dividendos y los márgenes de ganancias para que los accionistas les felicitasen en sus lujosas convenciones anuales en Houston o quien sabe dónde, Diosito en su misericordia les tenga compasión.

El ex embajador del Reino Unido en el Perú del 2002 al 2006, Richard Ralph, fue multado con 117,000 libras esterlinas en Londres por un caso de “malas prácticas” relacionado con la venta de la mina peruana Majaz (Región Piura), de propiedad de la inglesa Monterrico Metals.

La Autoridad de Servicios Financieros (la CONASEV inglesa) dijo que Ralph se salvó de una sanción mayor (cárcel) porque colaboró plenamente con sus investigadores (La República, 15/11/08).

El Sr. Ralph entró a Monterrico Metals (MM) en agosto del 2006, 3 meses después de cesar en el cargo de Embajador en Perú. A principios del 2007 la empresa china Zijin estaba negociando, en forma reservada, la compra de MM. El Sr. Ralph (presidente ejecutivo de MM) hizo mal uso de “información privilegiada” y le encargó a un “testa” que le compre acciones de MM en la Bolsa de Londres en enero del 2007, las que vendió en febrero del 2007 a un precio mucho más alto, cuando la compra de Zijin ya se había concretado.

Lo relatado tiene implicancias de primera importancia, aunque para amplios sectores de la prensa nacional, la noticia ha pasado “desapercibida”. Primero: los accionistas originales vendieron MM a Zijin por US$ 172 millones, por lo que tienen que pagar un impuesto a la ganancia de capital a la autoridad tributaria del Reino Unido.

¿Cuál es el monto de esa ganancia? Es difícil saberlo con exactitud, pero a fines del 2007 el patrimonio de MM era de US$ 45 millones, según sus Estados Financieros. Por tanto, la probable ganancia fue de US$ 127 millones (172-45). ¿Cuál es el impuesto a la ganancia de capital en el Reino Unido? Pues varía según el monto: si la ganancia es de 2,150 libras, la tasa es el 10%; de 2,150 a 33,300, la tasa es de 20%: por encima de 33,301 libras, la tasa es 40%. Por tanto, se puede suponer que el impuesto fue de 51 millones de libras esterlinas (127 x 40%), lo que equivale a US$ 75 millones.

La pregunta es: ¿por qué ese impuesto no se paga en el Perú si la ganancia fue generada por una renta de fuente peruana (Majaz)? La respuesta es que aquí no hay legislación al respecto, como sí la hay en Chile (no pagan impuestos a la ganancia de capital, www.cristaldemira.com, 29/10/08). El problema no es que los técnicos “no se dan cuenta” de esta ausencia. Claro que lo saben. Lo que pasa es que los intereses de las empresas son muy grandes y han tomado al Estado desde adentro, desde Fujimori, lo que impide una legislación adecuada.

Otro punto clave es la eficiencia y celeridad con que la Autoridad inglesa investiga y sanciona a los responsables de malas prácticas, caiga quien caiga. Pero en el Perú la legislación hace que la SBS y la CONASEV anden con pies de plomo. Felipe Tam, jefe de la SBS, dijo en julio que 2 AFPs han sido sancionadas por “malas prácticas” (Adopte una AFP, www.cristaldemira.com, 4/10/08). Pero hasta hoy no se sabe quiénes son.

Un último punto no ligado a lo anterior: en setiembre, el Grupo Romero, a través de “Agropecuaria Las Huaringas”, ha comprado el 20% de MM, siempre y cuando el Ministerio de Energía y Minas apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Dice MM que la alianza estratégica con el Grupo Romero “será de gran importancia para el proyecto”.
Aquí el problema es que el MEM es juez y parte, pues, de un lado, promueve las inversiones y, de otro, aprueba los EIA. Este claro conflicto de intereses aumenta con un Ministro neoliberal como Pedro Sánchez. Es el Ministerio del Ambiente quien debería aprobar los EIA, pero el Poder Ejecutivo se lo negó. Eso lo debería cambiar el premier Simon, para prevenir los conflictos con los pobladores, que por ahora están en compás de espera.

La sanción al Sr. Ralph sirve para ilustrar que “lobbys” y malas prácticas hay en todas partes. Y que la ética en muchas empresas mineras brilla por su ausencia. La cuestión es que las leyes permitan que los reguladores hagan su trabajo con celeridad y eficiencia, lo que aquí deja mucho que desear, por decir lo menos. Urge, además, una reforma tributaria que cobre impuestos a las ganancias de capital a la renta de fuente peruana, para aumentar la Caja Fiscal.

Pero aquí vamos como el cangrejo pues el Ministro Valdivieso “está considerando” prolongar la exoneración al impuesto a la ganancia de capital en la Bolsa de Valores, que vence a fin de año. Aunque Usted no lo crea.

La Asociación de Universidades y Colegios de Canadá (AUCC) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CRDI) presenta el programa de becas para el intercambio de investigación Canadá-América Latina. Este programa tiene el objetivo principal de proporcionar apoyo estratégico a programas emergentes de cooperación Norte-Sur en temas de interés mutuo relacionados con el desarrollo y que se correspondan con las prioridades programáticas del IDRC.

El IDRC apoya la investigación sobre la base de cuatro prioridades temáticas generales: 1) Manejo del medio ambiente y recursos naturales; 2) Tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo; 3) Innovación, políticas y ciencias y 4) Política social y económica.

Mayor información: http://www.aucc.ca/programs/intprograms/latincarib_e.html

Amazónicos no bajan la guardia. Pasan días y siguen esperando que gobierno cumpla acuerdos del martes.

Los dirigentes regionales de la Cumbre Amazónica informaron que la tregua concedida al gobierno de 120 días “es tiempo suficiente para que las autoridades cumplan con los acuerdos” tomados el martes. Así lo informó Humberto Paredes, organizador de la Cumbre, quien informó a LA PRIMERA que -si bien han decidido postergar la huelga indefinida del 10 de noviembre- no han bajado la guardia, y harán un seguimiento constante a los avances del Ejecutivo pues “tregua no es claudicación”.

Precisó que los compromisos adoptados por Simon Murano son, en primer lugar, establecer una mesa de diálogo permanente donde se aborde la derogatoria de 12 de los 33 decretos legislativos que afectan a la Amazonía. Explicó que, por lo pronto, el Premier ya se comprometió a evaluar la derogatoria de dos de ellos, el DL 1090 y el 1081, Ley Forestal y Ley de Recursos Hídricos respectivamente.

En segundo lugar, se acordó una reunión con el presidente del Congreso, acto que se realizará el martes. Además, el Primer Ministro se comprometió a agilizar una serie de obras importantes para las zonas más olvidadas de la Amazonía, así como diferentes compromisos por parte de varios ministerios y la atención a denuncias de corrupción existentes en no pocos gobiernos regionales.

Ginebra (EFE).- La Tierra ha perdido en poco más de un cuarto de siglo casi la tercera parte de su riqueza biológica y recursos, y al ritmo actual la humanidad necesitará dos planetas en 2030 para mantener su estilo de vida, advirtió el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF).
Y es que la demanda de la humanidad excede en cerca de un 30 por ciento la capacidad regeneradora de la Tierra, señaló el Informe Planeta Vivo 2008, que difunde esta organización ecologista cada dos años acerca de la situación ambiental de los ecosistemas del planeta.
“El mundo está luchando actualmente con las consecuencias de haber sobrevalorado sus activos financieros. Pero una crisis mucho más grave sigue adelante: un desastre ecológico causado por infravalorar nuestros recursos medioambientales, que son la base de toda vida y prosperidad”, señaló el director general de WWF, James Leape, al comentar el informe.
El estudio muestra que más de las tres cuartas partes de la población mundial vive actualmente en países que son “deudores ecológicos”, pues el consumo nacional ha superado a su capacidad biológica de regeneración.
“La mayoría de nosotros seguimos alimentando nuestro estilo de vida y nuestro crecimiento económico extrayendo cada vez más el capital ecológico de otras partes del mundo”, señaló Leape.
“Si las demandas en nuestro planeta siguen creciendo al mismo ritmo, para mediados de los años 30 necesitaremos el equivalente a dos planetas para mantener nuestro estilo de vida”, agregó.
El informe, que se elabora cada dos años desde 1998, señala que el Índice Planeta Vivo (IPV) ha descendido casi un 30% desde 1970, es decir, que se han reducido en esa proporción unas 5.000 poblaciones naturales de unas 1.686 especies, una tasa superior a la del 25% del informe de 2006.
Estas pérdidas se deben, en primer lugar a la deforestación y la reconversión de tierras en los trópicos (un 50% de descenso), pero también a factores como la polución, la sobrepesca y el impacto de diques y del cambio climático.
“Estamos actuando ecológicamente como lo han hecho las instituciones financieras económicamente, buscando la gratificación inmediata sin mirar las consecuencias”, lamentó el codirector de la Sociedad Zoológica de Londres, Jonathan Loh, una de las instituciones que ha contribuido al informe.
Según el estudio, que ha medido la “huella ecológica de la humanidad”, o el deterioro que las actividades humanas producen en los sistemas naturales, éstas han utilizado una media de 2,7 hectáreas globales por persona, mientras que la biocapacidad de los sistemas -o su capacidad de absorber el impacto- sólo llega a 2,1 hectáreas de media por persona.
Estados Unidos y China cuentan con las mayores huellas ecológicas nacionales, cada una un 21% de la biocapacidad global, pero ambos países “consumen” una parte mucho mayor de los recursos.
Así, cada ciudadano de EE.UU. requiere una media de 9,4 hectáreas globales, mientras que los chinos usan una media de 2,1 hectáreas.
Ocho naciones -EE.UU., Brasil, Rusia, China, India, Canadá, Argentina y Australia- contienen más de la mitad de la biocapacidad global. Pero tres de ellos -EE.UU., China e India- debido a sus poblaciones y a sus hábitos de consumo son “deudores ecológicos”, con huellas ecológicas superiores a sus capacidades, pues la exceden, respectivamente, 1,8 veces, 2,3 veces, y 2,2 veces.
Estos datos contrastan con un país como Congo, con una biocapacidad de casi 14 hectáreas globales por persona y que sólo utiliza 0,5 por persona, pero que afronta un futuro de degradación medioambiental por la deforestación y las crecientes demandas de una población en aumento y presiones exportadoras.

Así lo informó el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, al anunciar la instalación de una mesa de diálogo que analizará este martes la posibilidad de derogarlos o modificarlos.

Leyton Muñoz precisó que esa reunión contará con la presencia del jefe del Gabinete, Yehude Simon; el titular del Congreso, Javier Velásquez, y representantes del bloque de la selva y dirigentes amazónicos.

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Por. Blgo. Sandro Chávez

Como ya lo habíamos advertido desde julio del presente año, ha trascendido que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha pedido al gobierno peruano en la reunión sostenida en Washington la semana que pasó, resuelva el problema generado por el DL 1090 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre - que reduce la definición de Patrimonio Forestal dejando fuera del régimen forestal a unas 45 millones de hectáreas de tierras con capacidad forestal, esto es, el 60% de los bosques del Perú.

Otro fuerte cuestionamiento de la USTR se refiere a la eliminación del CONAFOR, un organismo para la participación ciudadana en la gestión del sector forestal previsto por la ley anterior y que contraviene los compromisos asumidos por el país en el Anexo Forestal para la implementación del TLC.

Los cuestionamientos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos no hacen sino recoger las preocupaciones de la sociedad civil peruana que a través de pronunciamientos públicos y foros de discusión, el Foro Ecológico del Perú, ONGs y especialistas reunidos en el Colectivo Forestal, así como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), el Colegio de Ingenieros del Perú, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad Nacional del Centro del Perú, la Universidad Nacional de Ucayali, los Obispos Amazónicos, el Gobierno Regional de Junín, el Colectivo Alerta Verde de Puerto Maldonado y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República han manifestado en los últimos meses, señalando la inconveniencia del DL 1090 y la inmediata paralización de la reglamentación, demandando la promulgación de una nueva norma forestal promotora, democrática, inclusiva, con visión de país y que no ponga en riesgo al TLC.

Además de los cuestionamientos USTR, las Organizaciones de la sociedad civil peruana junto con otros representantes de los diferentes actores sociales, públicos y privados del sector han coincidido en señalar la inconstitucionalidad del DL 1090

En este momento el tema está en manos del Sub Grupo de trabajo para la revisión del paquete de Decretos Legislativos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del TLC, integrada por congresistas cuyo presidente es el congresista Daniel Abugattás. Este Sub Grupo a partir de estas serias observaciones del Gobierno Norteamericano deberá optar por derogar el DL 1090, 1064 y todos aquellos que pongan en riesgo los Bosques del País y el acuerdo del TLC que afectara a mas de un sector comercial del país.

A contrapelo de lo que el Gobierno ha venido haciendo en materia Forestal, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, Presidida por el Congresista Roger Najar, viene promoviendo la discusión a nivel sectorial y regional del proyecto de ley 2691 de Ley Forestal y de Fauna presentado por la Congresista Elizabeth León Minaya, a nombre del Grupo Parlamentario Unidad Popular Patriótica, a partir de las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil. Esta nueva ley – que está siendo debatida en Audiencias Públicas y recoge las propuestas de los diferentes expertos y representantes de la sociedad civil – está orientada al desarrollo sostenible del país, con base en las propuestas de diferentes sectores que generan un marco normativo promotor e inclusivo en el marco del proceso de la descentralización del país, como debió ser elaborada el DL 1090.

El Gobierno peruano tiene ahora el reto de cumplir con los compromisos internacionales y favorecer una normatividad forestal que sea producto del más amplio consenso nacional y que incorpore una política inclusiva que contribuya al desarrollo sostenible del país.

http://hdr.undp.org/en/media/Two_Degrees_Sp.pdf

y en este otro el informe sobre Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF) (esp)
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/srl-sp.pdf

La Defensoría del Pueblo señaló en un reciente informe que tanto el decreto legislativo 1090, que modifica la ley forestal y de fauna silvestre, como su proyecto de reglamento debilitarían “los mecanismos que aseguraban el aprovechamiento sostenible de las plantaciones forestales”, y no garantizan la protección de los bosques primarios.

La norma dejaría fuera del régimen especial de patrimonio forestal a unas 45 millones de hectáreas, lo que representa el 60% de los bosques del Perú, según el Foro Ecológico.

“Las medidas adoptadas en el DL 1090, sumado a la incertidumbre de la institucionalidad ambiental en el tema forestal y la inexistencia de disposiciones que garanticen su aplicación solo en tierras con aptitud forestal que ya se encuentren sin cobertura boscosa, podrían generar que se deforeste el bosque primario para incrementar el número de hectáreas de tierras con tal condición”, afirma la Defensoría, que también advierte que el DL permitiría legalizar la madera ilegal incautada.